Así consta en una respuesta del Ejecutivo a la pregunta que le formularon los senadores del PP Violante Tomás, Francisco Martín Bernabé y Juan María Vázquez, que querían saber por qué “el Gobierno incumple los dictámenes de la ONU sobre violación de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como ha denunciado el CERMI” en el “Informe de Derechos Humanos y Discapacidad, España 2020”.

 

Ese documento elaborado por el CERMI, en calidad de mecanismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, documenta cómo la pandemia del Covid-19 ha socavado los derechos de mayor valor y entidad de las personas con discapacidad.

 

Cita el derecho a la vida, causando miles de víctimas mortales, y muchas más enfermedades y con secuelas, en proporción más elevada que la que correspondería al peso social de este grupo de población, y también el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria, a la información y a la comunicación. Y no solo derechos, sino también situaciones sociales, como la soledad no deseada, o la pobreza y la exclusión que se han recrudecido durante la pandemia.

 

En su respuesta a los senadores del PP, el Ejecutivo indica que Gobierno y demás administraciones están sujetas a la Constitución y toda la normativa que forma parte del ordenamiento jurídico español y que para garantizar el cumplimiento de las leyes existen diversas garantías, mecanismos y procedimientos, “y uno de ellos es el informe del CERMI como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

 

Asegura que la información contenida en el informe es de gran utilidad para reparar “los errores u omisiones cometidos y velar por los compromisos adquiridos al firmar este tratado internacional”.

 

Asimismo, dice que en los casos en los que el cumplimiento de los dictámenes “es parcial, cabe destacar el trabajo continuo en avanzar hacia la dirección indicada” por el comité de Naciones Unidas, pero reconoce que algunas de las reformas necesarias pueden implicar “cambios de mayor calado en la legislación o la estructura y funcionamiento administrativos, lo que necesita un tiempo de estudio, preparación y tramitación que puede dar lugar a demora en el cumplimiento total de los dictámenes”.

 

Fuente: Servimedia